El apestoso caso Molina Theissen.

COLUMNA-RICARDO-MENDEZ-RUIZ

“Prefiero pasar en la cárcel el tiempo que me queda de vida, antes que traicionar a mis compañeros”. Expresó, tajante, el coronel Francisco Luis Gordillo Martínez, cuando fue entrevistado al respecto de la coacción y las amenazas que él y su familia enfrentaron por parte de funcionarios del Ministerio Público y la Procuraduría de Derechos Humanos, al ofrecerle prebendas a cambio de brindar información falsa contra otros oficiales del Ejército, en relación con el caso Molina Theissen, en el que él es uno de los sindicados.

Con su actitud, el coronel Gordillo dio al país entero una lección de honor, en un momento de nuestra historia en la que muchos guatemaltecos parecen no conocer esa palabra, y mucho menos su significado. Al ver las declaraciones del coronel, recordé a Edgar Rubio Castañeda, aquel militar que escribió un libro en el que hace graves señalamientos contra sus compañeros de armas por hechos relacionados con el enfrentamiento armado interno, que no le constan.

¿Y qué decir de los funcionarios del Ministerio Público y de la PDH responsables de los graves delitos que cometieron sus subalternos, para tratar de obtener del coronel Gordillo Martínez una declaración falsa? Ambas instituciones descansan sobre cimientos construidos a base de abusos atroces, como el que cometieron contra el coronel Gordillo y su familia, que se encuentran ya física y financieramente desgastados al límite, pero con la moral muy alta.

El grado de impunidad con el que el MP y la PDH actúan es tan grande, que no les importó dejar a la hija del coronel Gordillo una decena de hojas de papel manuscritas, en las que indican qué y cómo se haría para obtener las declaraciones falsas, mencionando incluso un lugar secreto que funciona como sala de interrogación clandestina, además de un expediente falso en la PDH, y la anotación  de que “Se tiene la posibilidad de que salga libre si da la información”.

Todo, parte de una extensa nota escrita con el puño y letra de una delegada de la PDH, que sería una prueba irrefutable en un proceso penal en contra de los funcionarios que, sin duda alguna, actuaron siguiendo instrucciones de sus superiores, la licenciada Hilda Pineda, jefa de la Fiscalía de Derechos Humanos, y el pequeño Jorge De León Duque, Procurador de los Derechos Humanos.

El por qué de semejante abuso tiene una explicación muy sencilla, y es que las pruebas en contra de los sindicados en el caso Molina Theissen, entre quienes se encuentra el coronel Gordillo Martínez, son sumamente débiles. La narrativa de la querellante Emma Guadalupe Molina Theissen incluye, entre otras fantasías, inverosímiles proezas atribuibles solamente a un ninja, y trata de que su pasado sea visto como el de una simple universitaria perteneciente a una organización estudiantil en la década de 1980, cuando en realidad perteneció al PGT, una facción terrorista que conocí muy bien, debido a que me secuestró por un período de casi dos meses en 1982, y de la que con propiedad puedo afirmar que de pacífica no tenía un pelo.

Al analizar detenidamente el caso Molina Theissen, es fácil concluir que la desaparición del hermano de Emma Guadalupe fue el resultado de un acto de venganza de sus compañeros, posiblemente a consecuencia de una traición. Son los terroristas compañeros de la querellante, quienes tienen la respuesta del paradero de su hermano Marco Antonio quien, junto a los cinco veteranos de guerra sindicados, representan para los vividores de siempre una inmensa cantidad de dinero en concepto de resarcimientos y donaciones de organizaciones internacionales de derechos humanos.

La actitud honorable y estoica del coronel Francisco Luis Gordillo Martínez,  puso al descubierto lo que ya es evidente: el sistema de aplicación de justicia está podrido y capturado por la extrema izquierda, que aplica el Derecho Penal del Enemigo, una figura que no existe en el ordenamiento jurídico de los países democráticos.

De iniciarse un proceso penal en este caso, observaremos cómo Mayra Véliz, la Secretaria General del MP, tratará de burlarse otra vez de la buena fe de los guatemaltecos, al poner al MP a investigarse a sí mismo para salir airoso de este nuevo aprieto.

Es evidente que urge legislar para crear un ente que investigue al Ministerio Público, totalmente ajeno a este, para frenar sus abusos  y los de la CICIG.






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